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Las medidas finalmente aprobadas en la nueva ley del autónomo

En la nueva Ley del autónomo se recogen ocho medidas que buscan incentivar el autoempleo. El objetivo es que hasta 2019 se consigan 550.000 nuevos trabajadores por cuenta propia, como recoge la web del Gobierno.

 

  • Ampliación de la tarifa plana: la nueva ley establece la cuantía de la cuota por contingencias comunes en 50 euros durante los seis primeros meses. Se incentiva a los autónomos que comiencen una nueva actividad por su cuenta y que luego contraten a asalariados. En la actualidad se benefician de ella 377.061 emprendedores.

 

  • Segunda oportunidad: se extiende la posibilidad de capitalizar hasta el 100% de la prestación por desempleo a todas las personas que lo deseen, independientemente de su edad. Esto significa que pueden recibir en un único pago ese dinero o capitalizar una parte y emplear el resto para el abono de las cuotas a la Seguridad Social.

 

  • Se refuerza la protección de los autónomos: aquellos autónomos que sean económicamente dependientes tienen la posibilidad de contratar a un trabajador para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar.

 

  • Economía social: el nuevo proyecto de Ley amplía las bonificaciones a todos los tramos de edad. Para los menores de 30 años la bonificación es de 1.650 euros durante el primer año, mientras que los mayores de 30, con un grado de discapacidad de al menos el 33% contarán con una bonificación de 800 euros el primer ejercicio.

 

  • Sociedades laborales y participadas: se produce una actualización de la normativa. Las sociedades laborales pasarán a ser aquellas en los que los socios y trabajadores cuenten con al menos la mitad del capital social.

 

  • Más participación de los socios trabajadores: se pretende que el trabajador tenga más facilidad para adquirir la condición de socio. Con la nueva ley se les concede un mayor protagonismo en la toma de decisiones.

 

  • Reducción de los trámites: al intentar potenciar las sociedades laborales promueven una reducción de los trámites y la simplificación de los requisitos. Durante los primeros años se rebaja de tres a dos el número mínimo de socios que se precisan para crear una sociedad laboral.

 

  • Sociedades participadas: las administraciones harán un esfuerzo por fomentar la participación de los trabajadores y se recoge en la regulación de los órganos de gobierno de estas sociedades que los administradores actúen bajo los principios de transparencia, lealtad y responsabilidad.

 

 

Artículo original: Cinco Días

 

 

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